Por JG Lagos
Sólo la mitad de los parlamentarios electos posee un título universitario y a mediados de noviembre El País buscó la opinión de José Mujica acerca del dato: “Como decía un autor tradicional, le tengo miedo a dos puntas. Le tengo miedo a los bachilleres porque como saben algo creen que lo saben todo y el que no sabe tiene la humildad de los que no saben y trata de escuchar y aprender, y el que es verdaderamente sabio también es humilde. Pero el que está en el medio, que sabe un poquito, se cree que tiene capacidad para perorar y hablar de todo. Necesitamos un Parlamento que trabaje”, dijo el presidente de la República.
Exactamente 100 años atrás, en 1914, Luis Alberto de Herrera criticaba a los colorados de José Batlle y Ordóñez con las siguientes palabras: “Continuamente hombres jóvenes, víctimas de esa leche universitaria —que hace mucho bien, pero que, exagerada, perturba las ideas— […] están descalificando al resto de la nación”. Más atrás, en 1873, el fundador de la Asociación Rural, Domingo Ordoñana, le escribía al abogado y periodista (y fundador del Ateneo de Montevideo) José Pedro Ramírez, miembro de la “elite principista”: “Desgraciadamente las necesidades prácticas no se aprenden en los libros ni se enseñan en los colegios. Nada han hecho ustedes en obsequio a las crecientes necesidades del país”.
Las dos últimas citas fueron recogidas en 1982 por José Pedro Barrán y Benjamín Nahum en el Tomo III de Batlle, los estancieros y el imperio británico, titulado “El nacimiento del batllismo”. Allí los historiadores consideran que el batllismo modernizó la política uruguaya y se constituyó en una clase política independiente de los intereses económicos (conservadores), gracias, en parte, al acceso a la educación terciaria de la mayoría de sus dirigentes. Cerca de la mitad de esa “elite de jóvenes universitarios” provenía de hogares humildes y 47% de los biografiados por los investigadores —parlamentarios e integrantes del Poder Ejecutivo— había escrito en prensa o publicado libros, y 20% había incursionado en la poesía, la narrativa, la ensayística y la historia.
En 2008 la politóloga y senadora Constanza Moreira publicó una investigación que en cierta forma continúa esa sociología de las elites iniciada por Barrán y Nahum. Una de las tesis de Entre la protesta y el compromiso: la izquierda en el gobierno, Uruguay y América Latina es que el “giro a la izquierda” regional se caracteriza, entre otras cosas, por el aumento de representantes provenientes de la clase asalariada y de menor nivel educativo que sus antecesores. Para el caso de los representantes del Frente Amplio que llegaron al Palacio Legislativo en 2005, Moreira consignó que 16,5% se dedicaba a profesiones liberales, 13,2% eran comerciantes, productores rurales o empresarios, 26% entraba en la categoría “profesiones económicas, sociales, comunicación o docencia”, 1,9% eran funcionarios públicos y 38,4%, trabajadores.
Según la encuesta que publicó El País el 6 de noviembre de 2014, respondida por 114 de los 130 senadores y diputados de la legislatura que comienza, 101 tienen educación terciaria y 61 consiguieron un título universitario. El informe que suscitó el comentario de Mujica indica que aproximadamente la mitad de los legisladores puede manejarse en otro idioma (inglés en su mayoría) y menos de 5% lo hace en dos idiomas (además de español). Ninguno se reconoce como integrante de la clase alta, 80% se autoidentifica como de clase media, 5% como de clase baja y 7% como de clase media baja.
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“Los franceses decían que la izquierda era ‘la entrada del trabajo a la política’. Querían señalar que en la composición de los parlamentos, la izquierda detentaba la representación de los trabajadores y el movimiento sindical. Hoy podríamos decir que la izquierda, en toda América Latina, ostenta el monopolio de la representación de lo que antes se llamaban las ‘clases subalternas’ (por oposición a las clases dominantes). Y la subalternidad abarca a los indígenas en Bolivia, a los sindicalistas en Venezuela, Brasil, Bolivia y Uruguay, a las mujeres en todos lados. También la izquierda ha incorporado nuevas profesiones a la política, donde antes fungían solamente los abogados. Es la responsable de la entrada de nuevos ‘saberes’, y las ciencias sociales y el magisterio están llamados a ocupar un rol central allí: profesores, maestros, sociólogos, economistas, politólogos, constituyen las nuevas profesiones que se erigen, sobre las tradicionales ciencias jurídicas, a reclamar su propio rol en la construcción normativa de las nuevas sociedades”, dice hoy Moreira sobre el tema.
De todos modos, aclara que “en Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, la educación de los parlamentarios está muy por encima del promedio educativo de la población (aunque cabe aclarar que la distancia educativa es aun mayor con los cargos políticos y la alta burocracia pública que constituyen la verdadera “elite” del Uruguay). En efecto, del total de legisladores electos (130), 101 comenzaron a cursar educación terciaria (77%) y 61 poseen un título universitario (47%). En la población total, el porcentaje de población con estudios terciarios es de 11%”.
Senadora a partir de 2009 por la lista 609, la del sector de José Mujica, Moreira fue la figura académica de mayor renombre dentro de una corriente cuyo líder se ha caracterizado por su talante antiintelectual. En 2013 la politóloga se desvinculó del Espacio 609 y con el apoyo de diversos grupos fue reelecta como senadora en 2014. “La izquierda mantiene una relación compleja pero productiva con la academia y los intelectuales. Aunque en Uruguay ha mejorado notoriamente la relación entre la Universidad de la República (centro de la vida académica) y la política, la relación entre política e intelectuales no se refleja en una gran presencia de académicos o intelectuales en el Parlamento, o en funciones de asesoramiento parlamentario. Esto es resultado al mismo tiempo de una política de selección partidaria más propensa a premiar a sus militantes que a incorporar saberes ‘desde fuera’, y a la desconfianza hacia la política de generaciones de académicos que se educaron en las creencias de la ‘neutralidad política’, concebidas como rechazo al involucramiento de los intelectuales de los años 60”, opina Moreira.
Para la senadora, “la mayor presencia de intelectuales y universitarios en los debates parlamentarios se hace sentir: lejos de concebir que ‘debates eran los de antes’, resulta hoy impensable que se sostengan posiciones no sustentadas en la ‘evidencia’ científica, y las discusiones basadas en estadísticas sociales están en el orden del día”.