El ataque de los drones [Lento #15, junio 2014]

El Ministerio del Interior se dispone a utilizarlos para vigilar a criminales y una empresa de seguridad privada planea ponerlos a controlar el perímetro de establecimientos millonarios. Hay muchos otros usos para los drones, y aunque la legislación todavía no está preparada para recibirlos, ellos ya están aquí: se pueden comprar en casas de electrodomésticos o, como hizo la Policía, armarlos a partir de partes importadas. Miren para arriba.

Texto:  Federico de los Santos / Ilustración:  Dani Scharf

En 2008, un grupo de militares uruguayos convocó a cuatro civiles aficionados al aeromodelismo para armar un equipo de trabajo. El objetivo: crear un vehículo aéreo no tripulado (VANT). Meses de planificación, diseño y dos prototipos más tarde, el aparato sobrevolaba el predio del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1. 
Era una unidad de ala fija (es decir, con forma de avión) de dos metros y medio de envergadura, con motor a combustión, cámaras incorporadas y capacidad de siete horas de vuelo. Lo bautizaron Charrúa. El primer dron uruguayo estaba por lanzarse.

El entusiasmo duró poco. El Ejército retiró los fondos por no considerarlo rentable (la inversión requerida rondaba los dos millones de dólares), el Charrúa aterrizó en un cajón de escritorio y el grupo se disolvió. Pero algunos de sus integrantes no abandonaron la afición y muchas de esas ideas reencarnaron en drones que ahora, siete años después, están a punto de despegar.

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Hace dos años, Marcelo Barzelli, director de la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior (MI), propuso incorporar drones a la junta de Direcciones Nacionales, que incluye, entre otros cuerpos, a la Policía junto con Bomberos, Policía Caminera e Información e Inteligencia. El proyecto estaba encuadrado en un plan de modernización policial que incluía el cambio de revólveres por pistolas para los oficiales de calle y la importación de nuevas tecnologías como la tobillera electrónica y equipos de análisis de huellas dactilares. La idea gustó y, tras conversaciones con varios proveedores de drones importados, se optó por trabajar con Pablo Neme, uno de los civiles vinculados al Charrúa, hoy director de la empresa de filmación y fotografía aérea Aerocam Solutions.

—Desde el ministerio queríamos que el aparato tuviera una configuración “elástica” para cubrir gran variedad de misiones: apoyo para el Grupo de Operaciones Especiales (en “operativos de saturación”), monitoreo del tránsito, apoyo para Bomberos… —explica Barzelli—. El Colibrí funciona a electricidad, tiene cámaras térmicas (por lo que puede volar de noche, incluso con niebla) y 3D, que son binoculares y permiten, por ejemplo, hacer un mapa tridimensional de un recinto previo a un allanamiento. También trabajamos mucho para que el mantenimiento de la unidad sea económico. Un último argumento fue de soberanía, una línea de trabajo que viene desde el ministro Eduardo Bonomi por orientación de Presidencia: el desarrollo de las capacidades locales. Las partes del Colibrí se compraron por separado, a Alemania y Estados Unidos, y se ensambló acá. Incluso tuvimos que mandar al exterior planos de algunas piezas para que las fabricaran, porque privilegiamos lo que se pudiese adquirir libremente en el mercado, sin el compromiso de compra que implica encargar un dron entero.

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El Colibrí se exhibió en la Rural del Prado en abril, pero fueron sólo piruetas. La selección del personal que va a manejar el dron —con rango de policías ejecutivos— no es fácil.

—A los requisitos básicos que el Estado le exige a un funcionario público, y a los nuestros de la Policía, se suman un examen psicofísico y una prueba de simulador para medir la capacidad de orientación. Se precisan habilidades muy específicas. No es lo mismo manejar un aparato que avanza en el mismo sentido que vos que uno que puede venir de frente y cambiar de dirección. Y los drones no tienen adelante ni atrás.

Al contrario de lo que publicó El Observador, el Colibrí no va a trillar Ciudad Vieja. Según aclara Barzelli, el protocolo de la Unidad de Drones prevé un funcionamiento “a requerimiento”, como sobrevolar la zona de Santa Teresa para alertar a Bomberos en caso de posibles focos de incendio. Cuando no esté participando en un operativo, el dron permanecerá inactivo. El procedimiento policial, señala el director de la Unicom, no justifica la vigilancia de la ciudad las 24 horas, así que los transeúntes montevideanos —rapiñeros o no— no deberían sentirse observados. Por ahora.

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El término viene del inglés: drone significa zángano, la abeja macho inofensiva por falta de aguijón. El nombre empezó a tener mala fama a partir de febrero de 2002, cuando un VANT Predator de la CIA —con un costo de 4,5 millones de dólares más 35.000 por hora de vuelo— bombardeó la zona de Paktia, Afganistán, y mató a tres recolectores de chatarra que tuvieron la mala suerte de parecerse de lejos a Osama Bin Laden y dos de sus asociados.

Algo había cambiado en las reglas de la guerra. El Predator está diseñado para encontrar y eliminar objetivos puntuales; un sicario de carbón, cuarzo y kevlar, que no pone en riesgo a piloto alguno y que resulta diez veces más barato que un vehículo tripulado. Además, puede ser controlado desde otro continente: la distancia máxima entre atacante y atacado que permite hoy la tecnología. Ese día de hace más de 12 años fue para muchos el inicio de la era de los drones. Y ya no eran inofensivos como zánganos.

Los drones estadounidenses hicieron llover misiles sobre Pakistán, Yemen y Somalia; según el Buró de Periodismo de Investigación del Reino Unido, se llevaron unas 3.000 víctimas, un tercio de ellas civiles. El FBI, por su lado, tiene unidades que vigilan la frontera con México en busca de inmigrantes ilegales.

El cielo del mundo está lleno de drones made in USA, pero el gobierno prohibía los vuelos comerciales. La situación cambió a iniciativa del presidente Obama, que en 2012 firmó una ley que incluía a los drones en el Sistema Nacional de Espacio Aéreo. Desde los rincones del lobby, la Asociación Internacional por los Vehículos Aéreos no Tripulados (que nuclea a las empresas fabricadoras) exigía una medida de ese tipo para empezar a vender a gran escala. Uno que se entusiasmó fue Randy McDaniel, jefe de Policía de Montgomery, Texas, quien se mostró interesado en que drones armados con balas de goma y gas lacrimógeno zumben pronto entre los edificios de uno de los estados más conservadores del país.

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Andan volando

El 40% de los drones del mundo se usa con fines militares, según estadísticas de la UVS Internacional, organización integrada por las empresas que fabrican vehículos aéreos no tripulados en todo el mundo; 30% son de uso “dual” —compartido entre militares y otras dependencias del Estado como Bomberos y Policía— y sólo 15% está en manos de civiles. Según la UVS, Estados Unidos es el país que fabrica la mayor cantidad (20% de la industria mundial) y sigue Israel, con 6% (que incluye gran parte de las compras en Latinoamérica).

Según la consultora internacional Lucintel, los drones destinados a defensa, incursiones en territorios foráneos y comunicaciones militares (incluyendo la vigilancia a distancia y el espionaje) son la mayoría en todo el mundo —sobre todo en Estados Unidos y Europa— y los que vuelan con fines humanitarios (como soporte en desastres naturales o accidentes químicos) son cerca del 30%. Las proyecciones de la empresa arrojan que entre 2010 y 2016 se duplicará la inversión en drones en Europa y la región de Asia y el Pacífico, mientras que en Medio Oriente se reducirá a la mitad y en Estados Unidos crecerá apenas 100 millones de dólares, aunque el país mantendrá el puesto de líder mundial con una inversión que quintuplica a la europea.

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Roberto Alcaire también integró el grupo que creó el Colibrí, pero del lado militar. Ahora, ya retirado, es gerente de vigilancia de la filial uruguaya de Securitas. Alcaire invirtió su experiencia en un concurso interno de la empresa y ganó. En unos seis meses los primeros drones privados de vigilancia estarán filmando suelo uruguayo desde arriba.

—Estamos trabajando con varias empresas, porque no podés tener un modelo único. El tipo de dron depende del activo físico que quieras vigilar, si precisás un ala fija, un cuadracóptero, un octocóptero, un hexacóptero. Los de ala rotativa (o hélice), por ejemplo, te sirven para el control de estructuras. El de ala fija no se suspende en el aire. Hablamos de un desarrollo en serio. Podés comprar en eBay un dron, pero ¿para qué lo vas a usar? Tienen diez minutos de autonomía y no sabés qué cámaras usan. La gente piensa que es agarrar un helicóptero chiquito y ponerle una cámara, pero no es tan así. Hay que hacer una evaluación del riesgo, estudiar la zona geográfica, los árboles, los vientos, el clima y hacer un cálculo costo-beneficio. Un conocido compró un dron para vigilar su campo, pero la unidad no transmitía en vivo. Sólo grababa y había que esperar que volviera para acceder a las imágenes. Era “vigilancia forense”. ¿De qué te sirve ver 20 minutos después cómo te robaron ganado?

Securitas tiene tres proyectos de drones en camino. Aunque el contrato de confidencialidad le prohíbe al gerente dar detalles, adelantó que se trata de predios industriales que se controlarán a 60 metros de altura. Se están importando las unidades y se espera la llegada de técnicos brasileños para capacitar a los pilotos, que manejarán a los VANT también desde una unidad móvil (“una especie de jeep” equipado con un centro de control, servidores, monitores en tiempo real y células eléctricas de recambio), en algunos casos con un guardia pronto para actuar ante cualquier irregularidad que aparezca en las pantallas. De todas formas, Securitas promueve este programa con cautela, y la gerencia incluso desestimuló a algún cliente entusiasmado por el chiche nuevo.

—Estamos manejando inversiones con un piso de 50.000 dólares, que según el predio y los recursos humanos puede llegar a 300.000 o hasta el millón. Con esos costos es importante hacer una investigación y establecer si son necesarios los drones o se puede cubrir el mismo activo con otro sistema. No lo estamos promocionando como “tenga su propio dron”.

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Catorce gobiernos de Latinoamérica usan drones. Brasil los utiliza desde los 80 para cuidar las fronteras y hoy tiene la mayor cantidad de drones por área. En 2010, el Ejército compró a la compañía israelí Elbit 14 drones por 350 millones de dólares para sobrevolar el Amazonas en busca de incendios y controlar la deforestación ilegal, y este año la Fuerza Aérea adquirió dos por 8 millones, que vigilarán los estadios del Mundial y, de paso, van a quedar para los Juegos Olímpicos de 2016, en Río de Janeiro. En la Triple Frontera, VANT policiales de vigilancia “camuflados” como pájaros autóctonos buscan laboratorios clandestinos y controlan el contrabando; en 2013, uno de esos drones, que perseguía a un barco por el río Paraná, cruzó al espacio aéreo paraguayo y generó malestares diplomáticos.

El 70% de los drones del mundo está en manos estatales. Vigilan oleoductos en Arabia Saudita, controlan la población de tigres nepalíes en peligro de extinción, monitorean la actividad de los volcanes de Costa Rica, sobrevuelan territorios colombianos ocupados por las FARC, hacen seguimiento de las rutas de la cocaína en México y Panamá, y filman las regiones peruanas de Ayacucho y Apurímac en busca de células de la organización armada Sendero Luminoso.

En 2013, el municipio argentino de Tigre incorporó por orden del entonces intendente Sergio Massa cuatro drones holandeses para controlar el tráfico y fiscalizar obras de construcción no autorizadas. Hoy la Policía Metropolitana de Buenos Aires está desarrollando pruebas de vuelo del Metrocóptero, un dron de seis hélices con dos cámaras fabricado en el país.

En cuanto al sector privado, Brasil tiene miles de unidades trabajando en la industria agropecuaria (para conteo de frutas o control de incendios) y en la audiovisual. Otros particulares encontraron cómo sacarle rédito a esta tecnología en ámbitos no tan laborales: la cárcel de San José dos Campos, ubicada en las afueras de San Pablo, ya conocía el uso de palomas mensajeras que hacían de delivery de celulares y plata a través de las rejas, pero en mayo de este año un dron dejó caer un paquete de 250 gramos de cocaína en el patio y huyó zumbando ante los guardias confundidos.

Aunque la mayoría de los drones que se mueven en el cielo sudamericano son importados, fabricarlos en casa es una tendencia regional: en 2013, el consejo de Unasur integrado por los ministros de Defensa acordó el desarrollo y la producción de un dron propio, aunque no se discutió nada sobre el marco legal en el continente. ¿Quién vigila a los vigilantes?

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Los drones Colibrí dependen del Centro de Comando Unificado del MI, que tiene a cargo la videovigilancia y las tobilleras electrónicas, así que la discusión sobre la privacidad y la vigilancia, que inquieta a activistas por las libertades civiles de todo el mundo, ya se inició hace un tiempo.

—Por ejemplo, las cámaras sólo pueden captar espacio público. No pueden ser dirigidas hacia espacio privado —aclara Barzelli.

—Pero en un operativo el dron filmaría terrazas, patios de las casas. ¿No es espacio privado?

—Lo que pasa es que cuando la Policía va a realizar un allanamiento de finca precisa una orden judicial. El dron es un elemento más del accionar policial.

—Sin orden, entonces, no puede sobrevolar una finca.

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Unidad colibrí

1 metro de diámetro

6 hélices

29 minutos de vuelo

60 km/h de velocidad promedio

1.500 metros de altura máxima

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—Sobrevolar puede, pero las imágenes no pueden ser usadas ante el juez como elemento probatorio. La Policía recolecta información por diferentes medios y no todos requieren autorización judicial: el policía ve cosas en la calle y las comunica, por ejemplo.

—Pero no es lo mismo la calle que el fondo de la casa de un particular.

—Sí… yo no puedo justificar el accionar policial con algo que capté del interior de una vivienda si no fui autorizado por orden judicial.

Es indudable que hay un vacío legal sobre esta cuestión: en operativos concretos podría haber operarios mirando qué está haciendo en su patio el vecino de un narcotraficante. Para aportar un poco de tranquilidad, Barzelli agrega que por disposición legal todas las filmaciones serán destruidas pasados los 45 días.

Alcaire, de Securitas, aclara que la empresa vigila extensiones no habitadas, por lo que no habría inconvenientes. Pero hay otro tema: la regulación concreta sobre el tráfico de los drones en el espacio aéreo.

—Los países que avanzaron en la legislación lo hicieron porque ya tienen un problema —dice Barzelli—. Por ahora en Uruguay no es necesario, pero no es una situación que se vaya a prolongar por mucho tiempo. Seguramente otros actores del Estado los van a usar en el futuro próximo. Por ejemplo: el control de los cables de alta tensión que vienen desde las represas a Montevideo es mucho más fácil de hacer con un dron, porque una cámara térmica permite encontrar los puntos calientes del cable, donde hay una rotura y se va a producir un corte. Controlás toda una red de cables de alta tensión en un vuelo de cuatro horas y sin riesgos. Lo necesario es trabajar en este momento para anticiparse al problema. Empezamos a hacer un estudio de las legislaciones de otros países. En muchos hay un criterio restrictivo, pero Colombia tiene la política de “cielo compartido”; la legislación ordena el tráfico aéreo de manera de que sin abandonar las normas de seguridad puedan convivir los drones con las aeronaves tripuladas.

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—Tuve que aplicar lo que había aprendido como piloto —dice Ricardo Aguerre, que también es fotógrafo, director de publicidad y cabeza de la empresa Koptercam, que filmó un video viral del Cilindro Municipal “implotando” y sobrevoló la Antártida este año para un documental sobre la base Artigas en el que está trabajando. Como la decena de empresas que aplican estas tecnologías en fotografía aérea (Uruguay Desde lo Alto, GeoFly, Agronegocios del Plata, Xufo y Dédalo, entre otras), Aguerre sustituyó con drones herramientas más caras e incómodas como el helicóptero, la avioneta o el satélite.

—Una hora de helicóptero para filmaciones cuesta unos 800 dólares, sólo con lo que cobra el piloto. Eso sin contar la cámara y el tiempo que lleva prepararlo: rodar una hora te consume más o menos tres, entre armar, ir hasta el lugar y desarmar. Una jornada de filmación desde un dron cuesta esa misma plata. Lo podés transportar en cualquier vehículo y tenerlo en el aire en cinco minutos. Pero un dron no es un juguete aunque parezca. Hay que saber manejarlo. Puede lastimar a alguien —dice el director, que tiene sus unidades VANT cubiertas por un seguro.

El MI también aseguró sus drones (“funciona igual que si una patrulla chocara un auto particular”, explica Barzelli) y además los equipó con un paracaídas balístico que se activa ante desperfectos eléctricos o mecánicos. Otra norma de seguridad que el ministerio y Koptercam respetan a rajatabla es no volar cerca del aeropuerto, pero la distancia mínima recomendada —cinco kilómetros— sólo se puede averiguar en internet.

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En Motociclo Sports, entre bicis y kayaks, se pueden comprar drones eléctricos Phantom a control remoto y con aterrizaje automático, con cuatro hélices, vuelo de 15 minutos, un kilo de peso y soporte para una cámara filmadora, a 1.190 dólares; los Phantom 2, un poco más complejos —pueden volar hasta 25 minutos—, se consiguen a 1.635. En Mercado Libre se venden hexacópteros con GPS, que vuelven automáticamente al punto de despegue, desde 2.500 hasta 3.500 dólares.

El año pasado, la filial británica de la empresa estadounidense Domino Pizza subió a YouTube un video en el que un octocóptero delivery le entregaba pizza a domicilio a un señor. Era sólo una prueba, pero miles de clientes —incluyendo algunos yanquis despistados que no se dieron cuenta de que el video se filmó en Inglaterra— llamaron para recibir pizza por aire. Más o menos por la misma época el gerente general de Amazon apareció en la tele para anunciar que en 2015, si la legislación sobre los drones comerciales acompaña, habrá entregas aéreas de paquetes de menos de medio kilo, aproximadamente 86% de los pedidos.

La prensa de Estados Unidos recibe, por momentos apocalíptica y por otros entusiasta, noticias de prototipos capaces de recargarse enganchándose del cableado público que no tendrían que tocar nunca el suelo, y de drones-paparazzi programados para perseguir a celebridades que pasarían de empujar fotógrafos intrusos a tirar piedras al aire. El Ejército inglés incorporó hace ocho meses 324 unidades del Black Hornet Nano, un dron del tamaño de un tenedor con un costo de 210.000 dólares y equipado con una cámara que ya recorre Afganistán. La firma francesa Parrot acaba de lanzar al mercado un dron que cualquiera puede controlar desde su iPhone. En Tokio, la compañía de danza contemporánea Eleven Play incorporó tres drones que bailan en armonía flotando sobre tres mujeres y que quedan solos al final del espectáculo. Como en Brasil, criminales de Taiwán adaptaron esta tecnología: en 2011 se registró el robo de una joyería realizado sólo por drones.

Drones chorros, drones policías, drones soldados, drones camarógrafos, drones-correo, drones-delivery, muchas posibilidades: ¿drones paseadores de perros?, ¿drones que reparten periódicos?, ¿drones encuestadores?, ¿drones niñera? Aquel equipo de trabajo que hace seis años soñó —y fracasó— con el Colibrí marcó una ruta de vuelo que parece libre de límites. En especial legales.

 


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