Es un hecho: cada vez podemos hacer más cosas con las tarjetas de débito y crédito. Con la llamada Ley de Inclusión Financiera el gobierno buscó reducir la cantidad circulante de billetes (como medida para reducir la inseguridad urbana) y combatir la evasión de impuestos. La iniciativa, que puso al país a tiro con lo que ocurre en otras economías de la región, ya ha provocado cambios en las costumbres de trabajadores y empresarios, y continuará haciéndolo, ya que la ley sigue perfeccionándose.
Texto: Josefina Piñeirúa y Virginia Recagno / Ilustración: Federico Murro
Andar con la plata arriba es un peligro. Ponele que te pagan con un cheque y recién salís del banco con la plata en el bolso. ¿Y si dos custodios te escoltan a un auto blindado y te llevan directo a tu casa? Pero te vas en un bondi repleto y después tenés que patear tres cuadras. Caminás con disimulo, como si estuvieras paseando y contemplando los árboles, pero por el rabillo del ojo relojeás para todos lados. Suena el celular pero mejor no atender así no te distraés de la misión: llegar con el dinero intacto hasta una cajita que está escondida dentro de otra cajita en un placar entre la ropa. “¿No será mucho?”, pensás.
Es mucho. En mayor o menor medida, todos los países de América Latina se han movido a disminuir el uso de billetes y cheques y fomentar el dinero electrónico. En cambio, nuestro país venía “rezagado” en la emisión de dinero electrónico (ya sean mecanismos de débito o crédito). Lo dice el economista Martín Vallcorba, asesor en macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas, que durante cuatro años trabajó, junto con un equipo, sobre un proyecto de ley que buscaba —entre otras cosas— reducir la cantidad de efectivo en la calle. En abril de 2014, y únicamente con los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó la Ley de Inclusión Financiera (N° 19.210), cuyo plazo de reglamentación es de tres años. Si todo sale como lo planeado, en mayo de 2017 todos los uruguayos estaremos financieramente incluidos.
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Las tarjetas de débito y crédito son un pedazo de plástico con varios logos y nombres impresos y una banda magnética que contiene datos. Esa banda es la que hace que la tarjeta deje de ser un pedazo de plástico y pase a valer como dinero.
La primera etapa de reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera, que empezó en agosto de 2014, disponía que todos los comercios que ofrecen servicios o productos debían incorporar lo que el texto define como “medios de pago electrónicos”: tarjetas de crédito y débito, transferencias, cajeros automáticos, internet. Esta etapa inicial también rebajaba el IVA para las compras con tarjeta de débito o crédito, por celular o por transferencia bancaria: los pagos menores a 4.000 Unidades Indexadas (unos 12.300 pesos) descontaban 4% del IVA con tarjeta de débito y 2% con crédito.
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El estímulo del uso de tarjetas podría generar “situaciones de exclusión” en los pequeños comercios que no pueden acceder con tanta facilidad a la tecnología para transferencias electrónicas
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Por eso, cuenta Vallcorba, Economía fomentó la instalación de los equipos Point of Sale (POS), el aparato por el que se desliza la banda magnética de las tarjetas, mediante exoneraciones tributarias y subsidios, en especial para los micro y pequeños comerciantes, que cubren inicialmente 70% del costo de arrendamiento. En casos de comercios con mayores ventas, el beneficio tributario se cobra en forma de crédito fiscal, es decir, se resta luego de sus aportes.
La cantidad de POS en el mercado estaba creciendo antes de que se implementara la ley, pero en el último año aumentó en 10.000 unidades. Hoy hay 40.000. El objetivo del gobierno es que todos los comercios cuenten con un POS y que siempre se pueda recurrir al débito o crédito en lugar del efectivo; según Vallcorba, la reducción de billetes en la calle aumentará las condiciones de seguridad:
—Los fraudes y los robos van a seguir existiendo, pero obviamente con condiciones de violencia física mucho menores a las actuales. Por ejemplo, hay casos en los que se ha clonado el instrumento electrónico (y ahí hay una actividad delictiva), pero en términos de violencia física ni se compara con el robo de efectivo.
Usar dinero electrónico, sin embargo, puede exponernos a otros problemas. Según una especialista en fraude de un banco privado, el delito informático más común es virtual: los hackers consiguen bases de datos de cuentas reales por internet y las desfondan. Antes de la implementación de la ley, 80% de los fraudes eran informáticos y 20% presenciales (cuando la víctima se ve forzada a sacar el efectivo de la tarjeta o cuando le clonan la banda magnética). Para la especialista, una manera de fortalecer la seguridad de las tarjetas es que se sustituya la banda magnética por chips, más difíciles de clonar.
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Tarjetazo
El 1° de agosto de 2014 se implementó la rebaja del IVA. Las operaciones por medio de tarjetas de débito pasaron de 200.000 en enero de 2012 a 2.500.000.000 a principios del año que corre, y el dinero que se movió por ese medio creció de 200 millones a 2.600.
Las compras con tarjetas de débito, por su parte, aumentaron de 2,2% de las transacciones totales a 6,3% entre el primero y el segundo semestre de 2014.
La cantidad de tarjetas de débito en el mercado se multiplicó de 1,3 millones en 2010 a 2 millones en enero de 2015.
El crédito no aumentó al mismo ritmo —lo que no sería nada favorable para una economía con problemas de inflación—: según datos oficiales, se mantuvo estable
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Hasta el momento se han incorporado al sistema de redes de POS las grandes cadenas de supermercados, algunas de mediana escala, las estaciones de servicio, una gran cantidad de restaurantes, las redes de pagos y cobranzas, algunos taxis y otros comercios, que, si bien pequeños, quieren innovar o adaptarse antes de que se convierta en una obligación legal incorporar los aparatos.
Además de la instalación del POS, el alcance de la expansión de redes también incluye la modificación de los sistemas de facturación. Para ello, los comercios pueden solicitar subsidios para cubrir esos costos a la Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones que creó Economía.
¿Qué pasa con los almacenes barriales y los feriantes? “Si en Brasil se puede pagar con débito en la playa, parecería lógico que se pueda instalar un POS en las ferias”, sostiene Vallcorba, optimista, y pone como ejemplo el plan de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social, creada en 2006 para facilitar el acceso a los productos de la canasta básica: “Es interés de todo el gobierno que esa tarjeta se pueda usar en las ferias, y eso seguramente dentro de muy poco sea parte de lo habitual, porque es el rumbo en el cual van las economías desarrolladas, y también nuestros vecinos, que tienen un nivel de desarrollo económico bastante menor al que tenemos acá”.
La Tarjeta Uruguay Social funciona con dinero que el Ministerio de Desarrollo deposita en el Banco República, y puede usarse en “comercios solidarios” habilitados para la compra de alimentos y artículos de limpieza e higiene, pero de momento los feriantes no están incluidos en el grupo de “comercios solidarios”. “Nos hemos contactado con la Asociación de Feriantes del Uruguay para mostrarles el funcionamiento e integrarlos a la red de comercios solidarios, pero ellos nos manifestaron que por el momento no deseaban integrarse”, cuenta Martín Lavalleja, del programa Uruguay Social.
La aplicación de la ley de inclusión podría enfrentar barreras similares. El abogado y asesor de la Asociación de Feriantes del Uruguay, Miguel Castellán, cuenta que representantes de Economía ya comunicaron a los feriantes que se comenzaría a fiscalizar las ferias y que se crearía una comisión para trabajar en su incorporación al sistema electrónico. La heterogénea Asociación de Feriantes reúne desde emprendimientos informales hasta monotributistas, y las dificultades para implementar la ley son claras: muchas veces no se factura, y en algunos casos ni siquiera se lleva la contabilidad. Castellán ve la iniciativa como algo bueno, pero que va a costar.
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Durante el proceso de discusión de la ley surgieron roces entre algunos actores y los impulsores de la iniciativa. El PIT-CNT y algunas cámaras empresariales dispararon contra la ley, y algunas cooperativas de ahorro y de crédito se manifestaron en la explanada del Palacio Legislativo mientras el texto se votaba en el Senado. En su sitio web, FUCAC publicó un artículo que señala que el proyecto no contempla a los “agentes financieros surgidos de la economía social” —las cooperativas de crédito—, que tendrían capacidad de llegar a zonas del país que quedan por fuera del alcance de los bancos. Por su lado, Washington Almada, presidente de ANDA, criticó los artículos de la ley que les dan prioridad a los bancos por sobre las cooperativas en las retenciones.
Pero los bancos tampoco se sintieron tan privilegiados. El director de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay envió una carta al ministerio en la que calificaba al proyecto como “un misil en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario uruguayo”, ya que los bancos tendrían que hacerse cargo del pago de sueldos y eso aumentaría sus gastos administrativos. Pero desde que comenzó la primera etapa de la reglamentación, cuenta Vallcorba, “casi todos” los actores involucrados —bancos, cooperativas, ANDA, las redes de pago y cobranza— están trabajando para adaptarse: “Percibimos que hay un cambio de esa visión crítica que existió al inicio hacia una actitud mucho más proactiva y positiva para aprovechar y potenciar las ventajas que la ley genera”.
Una de las pocas excepciones es la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Su presidente, Carlos Perera, se refirió varias veces a la posición en que la ley de inclusión coloca a la DGI como “gran hermano”, porque, sostiene, el Estado podría acceder a todos los datos sobre hábitos de consumo de los ciudadanos y ejercer un manejo abusivo de esos datos. Vallcorba aclara:
—Cuando se compra con instrumentos electrónicos no se genera ninguna información sobre lo que se compra. Ni si fue un litro de leche, un vaquero o un almuerzo en un restaurante. No se genera información sobre el consumo de las personas. La única información que se genera con los medios electrónicos es sobre el comercio: cuánto y cuándo venden, no a quién se lo venden. Los que deberían estar preocupados por esta mayor transparencia son los comercios que se manejan en la informalidad. Resulta curioso que quienes han estado reclamando en forma insistente la necesidad de combatir el comercio informal hoy critiquen una ley que lo que hace, fundamentalmente, es generar transparencia y, por ende, la obligación a los comercios de pagar los impuestos que nos cobran. Que no se queden con nuestra plata.
A Redpagos el proceso de adaptación a esta primera etapa le resultó “muy complejo”, según Fernando Lapchik, director del Departamento de Marketing de la empresa. Las dificultades aparecieron, sobre todo, en el rubro de ajustes al sistema informático central.
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La segunda etapa de reglamentación de la ley determina que el pago de sueldos, nuevas jubilaciones y beneficios sociales se realice por medio de cuentas bancarias o dinero electrónico. Economía asegura que todo está pronto desde diciembre, pero falta que el Banco Central elija qué instituciones podrán emitir dinero electrónico. Redpagos fue la primera en recibir la habilitación, a mediados de abril de este año, y en mayo les tocó a ANDA y Enarel SA, una empresa que elabora tarjetas prepagas, por lo que quedan siete en espera.
El sector empresarial cuestionó que sean los trabajadores los que elijan el modo de pago, ya que podría aumentar los costos administrativos de las empresas. Martín Vallcorba asegura que habrá un mínimo de transferencias sin costo y, una vez superado, habrá un costo inferior a unos 21 pesos.
Pensionistas y quienes se jubilen a partir de esta segunda etapa deberán cobrar mediante modalidades electrónicas y quienes se hayan jubilado antes de la reglamentación podrán decidir si cobran por medios electrónicos o no. Los honorarios profesionales menores a 80.000 UI (245.000 pesos, aproximadamente) podrán postergar la decisión hasta mayo de 2016, y los que superen esta cifra, hasta un año después.
Una vez habilitado el cobro por esos medios, los trabajadores podrán solicitar a los organismos de pago de sueldos un crédito de nómina, que consiste en un monto que se descuenta directamente en el recibo de sueldo, y que a su vez beneficia a los trabajadores con condiciones más favorables de tasa de interés. Para no fomentar “conductas de endeudamiento riesgosas”, los créditos de nómina sólo se podrán otorgar en la moneda en que la persona cobra la remuneración o en UI, y la cuota del crédito no podrá exceder el 20% de los ingresos.
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¿Dinero electrónico?
La ley N° 19.210 lo define como todo aquel que represente “un valor monetario exigible a su emisor” y se almacene en medios como tarjetas, billeteras electrónicas, celulares, discos duros o servidores informáticos, que debe ser aceptado como pago por “entidades o personas distintas del emisor”, que una institución emite por un valor igual a fondos que posee. Debe ser convertible a efectivo, con la excepción de la Tarjeta Uruguay Social, que sirve para adquirir artículos de primera necesidad y no genera intereses.
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Economía está trabajando en la tercera y última etapa de la reglamentación, que refiere a disposiciones específicas para determinadas transacciones. Al mes de aprobada, será obligatorio pagar los tributos nacionales —como el IRPF, el impuesto al patrimonio y las contribuciones a la DGI— por medios electrónicos, y un mes después el Estado deberá adoptar las mismas medidas para pagarles a sus proveedores. El objetivo es que todos los trabajadores cobren por medios electrónicos los alquileres y también que de esta forma realicen las compras de inmuebles y vehículos y, al final, todas las operaciones superiores a 40.000 UI.
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Nada de esto puede sorprender a quienes recuerdan decenas de contraseñas de redes sociales y están acostumbrados a que el tamaño de los chips de almacenamiento sea cada vez menor. Pero otras generaciones han estado marginadas de esta “explosión tecnológica” y los cambios que impone la Ley de Inclusión Financiera podrían generar incertidumbre.
¿Cómo va a llegar el Estado a esas personas? Sin una campaña masiva de educación financiera parece difícil romper las resistencias y disminuir la cantidad de excluidos por desinformación. Dado que uno de los grandes objetivos de la ley es formalizar a los trabajadores, es importante que conozcan qué derechos y obligaciones se verán modificados.
Entre otros medios, el ministerio pretende hacerlo por medio de la web inclusionfinanciera.com.uy, inaugurada en julio de 2014. A fines de setiembre, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay —que había criticado la ley por los gastos administrativos que le creaba a la banca— lanzó su propia web informativa, mieconomia.com.uy, con el eslogan “Porque cuidar tu economía es estar bien informado”. Durante la presentación del portal, el presidente de la asociación, Jorge Ottavianelli, dijo que las instituciones bancarias “entendieron que el objetivo es contribuir a educar sobre los beneficios de operar con el sistema bancario y explicar de manera sencilla determinados usos, requisitos y obligaciones”.
¿Pero qué pasa con los que no llegan a estos sitios web, que no usan internet o que no se enteran de su existencia? El Banco Central está obligado por su Carta Orgánica a implementar medidas para informar a la población sobre los avances en materia financiera. Hasta ahora lo ha hecho por dos medios: el portal web bcueduca.com.uy y la realización de actividades-talleres en escuelas, liceos y otras comunidades fuera de la capital del país.
¿Se puede eliminar la circulación de billetes de la calle? La ley de inclusión no apunta a eso, sino a disminuirla. Aclara Vallcorba: “Uno se podría imaginar un mundo sin efectivo, y de repente en algún momento funciona de esa manera, pero al día de hoy, incluso los países que están más avanzados en esto, no han sustituido completamente el efectivo: sigue existiendo para algunas transacciones y algunos pagos”.