Por Martín Rodríguez
Los incidentes en las canchas estuvieron en el mensaje que Tabaré Vázquez emitió ni bien asumió. Sólo 15 días antes, hinchas de Cerro atacaron a la Policía y luego padecieron conocidos excesos represivos: en el Tróccoli quedó trunco un partido entre los albicelestes y Peñarol. Fueron los últimos problemas graves registrados durante el mandato de José Mujica, pautado por un andar zigzagueante en una materia que supo complicar a la primera administración de Vázquez. Entonces, en 2007, Daisy Tourné había llegado al Ministerio del Interior (MI) e impuso la firma de un Protocolo de Seguridad que heredó Eduardo Bonomi, el ministro del Interior de Mujica. El Protocolo intentaba comprometer a los clubes y asegurar el cumplimiento de algunas de las disposiciones de la ley Nº 17.951, promulgada en enero de 2006, que había creado la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte.
El resultado es que ideas largamente manejadas no terminan de aplicarse. Es el caso del “derecho de admisión”, cuyo hilado fino enreda al MI y a los clubes en una eterna discusión para determinar quién se encarga de señalar a los violentos para impedirles el acceso. El tiempo pasa entre parches, marchas y contramarchas ineficaces ante un problema que en 2010 no era menos notorio que ahora.
2010
La Paz imposible
Habían corrido 252 días desde que asumió Bonomi. Tempranamente, el ministro le dedicó tiempo y recursos al asunto. Impulsó la creación del programa Pelota al Medio a la Esperanza, al que se define como “dedicado a los estudiantes, en procura de gestar un cambio cultural que propicie la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos”. La celeridad era hija de las varias malas nuevas. Los caballos de la Guardia Republicana sobresalieron en los tumultos previos al partido Cerro-Nacional que abrió la primera Semana de Turismo de la era mujiquista. El 12 de mayo un grupo de hinchas albos —minoría en la Olímpica durante la semifinal clásica— resultó agredido por parciales de Peñarol que no se bancaron los dos goles con los que el Morro García postergó seis días la consagración aurinegra. Se concretó en una gris tarde, con poca gente en la principal tribuna, que por esos días estrenaba un inédito pulmón separador de parcialidades. Se jugó mientras paraban los trabajadores del transporte, hartos de pasarla mal entre traslados de hinchas. ¿Cómo olvidar la ejemplarizante narración de los festejos aurinegros en el centro capitalino a cargo de Fernando Vilar en Monte Carlo Televisión? Sobre imágenes de vidrieras rotas, monumentos grafiteados y policías en acción.
Habría más noticias para Telenoche: tras el bálsamo mundialista, la crónica policial y la deportiva se fundieron en un abrazo sobre el puente que une la localidad canaria de La Paz y la montevideana de Pueblo Abayubá. A metros de la cancha de Oriental mataron a Héctor Marcelo López, un hincha de Villa Teresa que fue a ver la visita de su cuadro a los paceños, por el torneo de la vieja divisional C. Bien lejos de las cámaras de televisión. Como para que quede claro que la violencia recorre las canchas más recónditas con paciencia de hincha fiel y es capaz de tomarse un 468 hasta La Paz un domingo 7 de noviembre.
2011
105X68, en kilómetros
El lunes 25 de abril un joven apenas mayor de edad ingresó a la Emergencia del Clínicas con un brazo herido de bala. Peñarol se preparaba para disputar los octavos de final de una Libertadores en la que llegaría lejos. Rodrigo Aguirre no quiso dejar libre su lugar en la Ámsterdam y abandonó la internación sin alta médica para ver el empate a uno contra Inter de Porto Alegre. Festejó el gol de Matías Corujo sin imaginar que sería el último que gritaría. Tampoco que su muerte se celebraría en los cánticos de la barra de Nacional, que por fin devolvió un nefasto gesto iniciado por hinchas aurinegros en los 90.
Las crónicas cuentan que el auto desde el que lo tiraron el lunes apareció en Nueva Palmira y Defensa en la madrugada del viernes siguiente. Esta vez no habría revancha. El asesinato de Aguirre caía en el difuso límite que separa los incidentes asociados a los espectáculos deportivos de aquéllos que los exceden. Quizá, en lugar de caer en ella, haya desmentido tal frontera. ¿Dónde terminan los líos futboleros y empiezan los ajustes de cuentas que no requieren de minutos de silencio ni de etapas suspendidas por duelo? ¿Cuál violencia se carga en la cuenta de los clubes y cuál en la del comisario del barrio?
Son preguntas frecuentes en tiempos de barras limitadas por los operativos en las canchas pero crecientemente organizadas, con recursos propios y redes sociales disponibles para buscarse y encontrarse cuándo y dónde pinte. La ciudad es amplia y las sorpresas se adaptan a todos los talles: pregúntenle a los hinchas de Defensor Sporting, que, mientras salían del Nasazzi después de ver a su equipo contra Bella Vista un domingo de marzo, se toparon con la emboscada de un grupo de parciales de Danubio que aprovechó para replicar aprietes en miniatura.
Seis meses después, en persona, el propio Paco Casal haría gala del mismo estilo en más de una oportunidad y ante varios integrantes del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que presidía Sebastián Bauzá: peligraba la firma del contrato que finalmente le garantizó mantener los derechos de televisación de la selección mayor en las Eliminatorias previas a Brasil 2014.
2012
La violencia proyectada
Paco reproduce una manera de ser ampliamente legitimada en el ambiente futbolero. Ricardo Alarcón, entonces presidente de Nacional, el 29 de febrero le dijo a Radio 10.10 que un dirigente tricolor recibió presiones de Casal por no apoyar la extensión del contrato de televisión (del fútbol local con Tenfield). Omnipresente, el peseteo está en las acaloradas polémicas deportivas mediáticas, en las discusiones entre dirigentes, en el juego político que rodea a los arbitrajes y en las canchas. La guapeza se percibe como la disposición de una persona a usar la fuerza para imponer decisiones o criterios y se vende como un valor que da prestigio entre los mismos aficionados a los que se les pide cordura. Las plegarias no darán resultado mientras los protagonistas políticos y deportivos no se tomen el asunto de otro modo, cosa difícil de pensar en 2012.
A fines de marzo, jugadores de Peñarol la emprendieron contra los de Universidad de Chile tras una derrota decisiva por la Libertadores. Al mes, el árbitro Fernando Cabrera denunció al ídolo carbonero Fernando Morena —que ocupa un cargo gerencial en el club— y al dirigente Fernando Errico por increparlo en su vestuario durante un partido. A principios de mayo, futbolistas de Cerro Largo y de Cerro protagonizaron una batalla campal. Hubo 19 jugadores sancionados por la AUF y diez procesados por la Justicia. Seis meses después, el árbitro Leodán González expulsó a 16 futbolistas de Wanderers y Juventud que se tomaron a golpes. Y 15 días más tarde, un clásico de Tercera División dejó un formulario arbitral con nueve denunciados. Gustavo Bueno y Jorge Tito Goncalves, los técnicos a cargo de los juveniles, no llegaron a las manos pero se hablaron feo. La boca suele ser un problema: “Sólo yo me vengo a quemar a este cuadro de mierda”, se le oyó decir a Juan Ramón Carrasco mientras acumulaba derrotas al frente de Danubio, el 17 de noviembre.
2013
El brazo gordo y tonto de la ley
Enero. El arquero tricolor Jorge Bava le pegó una trompada a un policía luego de un clásico amistoso. Un rato antes, en Bulevar Artigas y Millán, un joven hincha de Peñarol resultó gravemente herido mientras el ómnibus en el que viajaba era baleado desde un camión con gente de Nacional. Un segundo y posterior clásico de verano se canceló mientras transcurrían “diez días de reflexión” y se buscaban consensos. Eduardo Ache, en una de sus primeras irrupciones tras volver a la Presidencia de Nacional, justificó veladamente a Bava y se opuso a sancionarlo. Peñarol, cuya barra ostenta el récord de desórdenes en las tribunas, se apuró a aprovechar la coyuntura tristemente favorable y emitió un comunicado oportunista y políticamente correcto.
Pero la corrección política se iría al diablo en menos de dos meses. El 6 de marzo José Aurelio Borba fue procesado por un delito de narcotráfico y se le incautaron entradas para espectáculos futbolísticos recibidas de manos de Jorge Rivero, líder de la pesada aurinegra. Jorgito, como se lo conoce en la Ámsterdam, le contó a la Justicia que en 2012 se encargó de recibir y distribuir tickets entregados por el MI para que los integrantes de su barra asistieran a partidos de Uruguay en el marco de una ingenua política impulsada por el gobierno para reconvertir a los hinchas más violentos de ambos grandes. Agregó que Peñarol le pagaba 6.000 pesos por partido desde 2010 para que controlase a sus muchachos. Con los días, el MI asumió la entrega de boletos para los partidos de la selección pero no se hizo cargo de los que tenía Borba. Desde el entonces Ministerio de Turismo y Deporte responsabilizaron al club. Su presidente, Juan Pedro Damiani, no lo negó: “No podemos poner a monaguillos para controlar una tribuna de fútbol”, le dijo a El Observador.
Una semana después, el mismo problema se evidenció en la casa del vecino. Ramón Jesús, conocido como el Gordo, irrumpió malhumorado en la entrada oficial del Parque Central tras un partido que estiró una crisis deportiva de Nacional. El asunto le dio notoriedad a otra situación largamente conocida: la apuesta tricolor por controlar la seguridad en su tribuna popular por medio de ex integrantes de la barra devenidos funcionarios con importantes sueldos y atribuciones. El 26 de marzo El Observador explicó que el GordoRamón compartía esa tarea con otro hincha conocido como el Sapo. La raíz se sitúa en los tiempos de Alarcón, cuando se decidió que la barra se “autogestionara”. Aportó el dato Wilson Miraballes, que se encarga de la seguridad del Parque Central, con excepción de la zona ocupada por los más pesados. Quizá alguno de ellos haya estado el 27 de noviembre en Los Céspedes, donde un grupo de parciales interrumpió una práctica dos días después de una derrota clásica. Otra vez, la vieja receta del peseteo a los jugadores. En el tumulto, una piña de Bava no llegó a destino. Lo único nuevo fue la falta de puntería del golero.
2014
Consejo ejecutado
A casi un año de su primer puñetazo, compañeros tricolores y rivales carboneros decidieron matarle el punto al arquero. Entonces, tras otro clásico veraniego, se tomaron a golpes. La Justicia intervino y nueve futbolistas terminaron procesados. Como la cancha, la tribuna tampoco se hizo eco de los llamados a reflexionar: el 26 de marzo graves incidentes tras un duelo copero entre Nacional y Newell’s Old Boys precipitaron una cadena de hechos con severas consecuencias políticas.
El mismo gobierno que en 2013 reformuló el Protocolo de Seguridad y decidió que la Guardia Republicana volviera a las tribunas de los grandes sin “orden extra” en casos extremos, de golpe requebró la cintura y retiró a la Policía de los partidos de Nacional y de Peñarol. Mujica se lo comunicó en persona a Bauzá, Ache y Juan Pedro Damiani. Horas después, la Mutual llamó a los futbolistas a no presentarse a disputar un encuentro entre los aurinegros y Miramar Misiones por falta de garantías. Ache, que semanas antes intensificó una campaña contra Bauzá iniciada tempranamente por los clubes chicos afines a Casal, aprovechó la volada para cuestionar al Consejo Ejecutivo por interpretar que la suspensión de Peñarol-Miramar Misiones beneficiaba a los aurinegros. Resultado: Bauzá y los suyos renunciaron aduciendo falta de “gobernabilidad”.
Fue el paradójico final del primer Ejecutivo en la historia de la AUF con mayoría de integrantes frenteamplistas. Asociados a la estabilidad del proceso de selecciones nacionales y a loables intentos por abandonar el camino de la dependencia casalista, los neutrales se fueron con la sensación de que Mujicales soltó una mano que nunca tomó con entusiasmo. El quinquenio del Pepe reflejó al menos dos visiones frenteamplistas del fútbol. La de un mujiquismo permeable al lobby de Tenfield y la de un astorismo crítico, que perdió peso cuando Héctor Lescano y Fernando Lorenzo abandonaron el gabinete. La seguridad fue un constante palo en la rueda para el problemático vínculo entre las administraciones de Mujica y Bauzá, como ya había ocurrido en tiempos de Vázquez y anteriores presidentes asociacionistas. En el fondo, evidenció cuánto les cuesta quererse y convivir a dos categorías históricamente alejadas: izquierdas y dirigencias deportivas.