Texto: Daniel Martirena
El lunes 24 de agosto de 2015 fue particular para los colectivos docentes vinculados a la ANEP. Mientras muchos uruguayos intercambiaban mensajes acerca de dónde pasar la Noche de la Nostalgia, los profesores y maestros consumían ávidamente mensajes vía whatsapp a la espera de novedades que trajeran claridad a las horas por venir. Desde el mediodía se sabía que el gobierno había arrojado por primera vez un decreto de esencialidad para una huelga en la enseñanza. ¿Qué iba a pasar el miércoles, luego del feriado? ¿Quiénes seguirían con la huelga? ¿Corrían el riesgo de ser destituidos? ¿Había posibilidades de desconocer el decreto? Por distintas vías, los mensajes, de texto o de audio, iban llegando. De a poco, dirigentes de las distintas filiales llamaron a la calma: el decreto era considerado ilegal, se trataba de una acción que lesionaba el derecho de huelga y, por lo tanto, se seguiría con las paralizaciones.
El miércoles 26 buena parte de los centros educativos de educación primaria y media fueron ocupados en rechazo al decreto del Ejecutivo. El movimiento llegó a lugares del interior que nunca habían tomado acciones de este tipo. El jueves, dos marchas, la primera convocada por el PIT-CNT en el marco de un paro parcial, y la segunda, mucho más masiva, dieron una dimensión del rechazo al que se enfrentaba el gobierno con esta acción. La central de trabajadores llamaba a derogar el decreto y pedía a los gremios flexibilizar las medidas.
A la huelga decretada por ADES Montevideo y sostenida por asambleas cada vez más numerosas, se le sumaban extensos paros de profesores del interior, de AFUTU y de maestros. En este último caso, las asambleas fueron casi diarias y muy concurridas, generando un estado de movilización permanente. Al contrario de lo que sucedía con otras paralizaciones importantes, una gran cantidad de trabajadores de la enseñanza se afiliaban o reafiliaban a sus sindicatos. Las voces que se habían manifestado a favor del decreto se fueron acallando. La oposición no respaldó al gobierno y legisladores de la bancada oficialista pidieron que se buscara una salida.
El domingo 30 en la noche representantes sindicales eran convocados para firmar un acta que implicaba el levantamiento del decreto. El gobierno se afirmaba en que las asambleas docentes habían votado paros hasta el 31 y que las clases serían normales a partir del martes. El 2 de setiembre la asamblea de ADES Montevideo decidía retomar las clases. El decreto no había mostrado ser un mecanismo eficaz para terminar con las movilizaciones.
El conflicto, que había tenido su punto más alto, comenzaba a desvanecerse. Como si fuera una ola, luego de alcanzar cierta dimensión, mayor a otras cercanas en el tiempo, comenzó un rápido repliegue, quizás para esperar otro momento. Tal como está diseñado el presupuesto y el convenio firmado por la mayoría de los sindicatos de la enseñanza, parece que la pelota fue a rodar a 2017.
Esperanzas frustradas
En realidad, el conflicto en secundaria es más largo que la huelga de 2015. No obedece a un solo factor (el salarial), aunque sin dudas fue central. Después de varios años en los que las paralizaciones en la enseñanza fueron mínimas, la huelga de 2013 marcó un punto de inflexión. Se llegó a ella tras un largo período en el que una mayoría de docentes esperaba que los gobiernos del Frente Amplio mejoraran sustancialmente la situación salarial de los trabajadores de la enseñanza. Ese crédito pareció agotarse hacia 2013, cuando las señales dadas en el primer gobierno frenteamplista parecieron detenerse.
A esto hay que sumar una presencia cada vez más activa de las corrientes sindicales no afines al partido de gobierno y que fueron alcanzando mayorías en las asambleas de profesores y maestros en Montevideo y en algunas filiales del interior. No fue difícil entonces encontrar discursos que aludieran (como en otros tiempos) a motivaciones políticas propias de radicales. Sin embargo, en los dos momentos de mayor paralización se encontraron colectivos que hacía tiempo no actuaban juntos, cruzándose distintos sindicatos como los de primaria y secundaria, a la vez que se rompían límites geográficos, expandiéndose los conflictos por el interior.
Justo el 31
Las huelgas de 2013 y la de 2015 estuvieron pautadas fuertemente por el calendario constitucional. En esta última, el Poder Ejecutivo tenía tiempo hasta el 31 de agosto para enviar su proyecto de presupuesto. Sabiendo que la bancada oficialista cuenta con mayoría y que hasta ahora se ha mostrado poco proclive a votar en contra del gobierno, la apuesta de los sindicatos de la enseñanza fue hacer los máximos esfuerzos de movilización en agosto. Había bastantes probabilidades de que una vez superado el límite constitucional los gremios decidieran dejar las medidas más duras.
Pero el decreto de esencialidad no hizo más que estirar y amplificar el conflicto (“le echó nafta”, dijo un dirigente sindical) y dejar al gobierno en una situación muy incómoda. Su dudosa legitimidad (ya que no especificaba qué servicios debían cumplirse, generalizando y violentando los principios que sostienen su aplicación cuando está en riesgo la vida), sumado a su manifiesta impopularidad, impidieron que la medida se hiciera efectiva.
¿Por qué entonces el gobierno decidió recurrir a ella a pesar de las advertencias de que iba a empeorar la situación? Tanto en este caso, como en el desalojo de los estudiantes que ocupaban oficinas del Codicen, el gobierno optó por la menor negociación posible. Los caminos de las negociaciones son largos y precisan de paciencia y voluntad. Es probable que haya en los sindicatos quienes intenten maximizar las medidas y se nieguen a acordar salvo en escenarios muy favorables. Sin embargo, la enorme mayoría de quienes se toman el trabajo de concurrir a asambleas largas y tediosas lo hacen siguiendo criterios bastante racionales, igual que quienes sostienen una ocupación. En ambos casos el Poder Ejecutivo pudo disponer de recursos (económicos y simbólicos) para destrabar los conflictos de la manera menos dolorosa. Es lo menos que se espera de un gobierno que nace de una tradición distinta a los anteriores. Sin embargo, además de reiterar procedimientos usados anteriormente (como el desalojo por cuerpos de choque), innovó al decretar la esencialidad. ¿Qué buscó con esto si es presumible que las paralizaciones no siguieran en el tiempo más allá del 31?
Una hipótesis disciplinadora
Tal vez el Ejecutivo haya tenido una intención disciplinadora. Si bien los motivos salariales son un componente importante de los conflictos en la enseñanza, la posibilidad de emprender reformas es otra de las causas de choque con los sindicatos. Los anuncios de realizar cambios importantes, manifestados mediante la metáfora del ADN aunque sin contenidos específicos aún, pueden haber motivado al gobierno a dar señales a futuro.
Una breve enumeración de algunos hechos puede dar luz en este sentido. El gobierno sorprendió, además de con las acciones mencionadas, al desprenderse de dos figuras del MEC: el director de Educación, Juan Pedro Mir, y el viceministro, Fernando Filgueiras. Aparentemente, una puja interna entre el Codicen, presidido por Wilson Netto, y los jerarcas del MEC, se decantó a favor del primero. Desde el Codicen, a partir del final de la huelga, se emitieron señales sin antecedentes inmediatos con la intención de generar una imagen de autoridad. Entre ellas, la eliminación sin compensación de los asuetos de primavera, la decisión de descontar todos juntos los días de paros, la extensión más de lo aconsejable de los días de clase.
Así, las autoridades del Codicen entraban en sintonía con la pretensión del gobierno de demostrar que puede ejercer su autoridad, algo que se ha puesto en duda y que es uno de los reclamos permanentes por parte de la oposición política. Las cláusulas de paz del convenio salarial propuesto por el gobierno, en especial el artículo que plantea el compromiso de cumplir con los cronogramas de clases, van en el mismo sentido.
Poder y no poder
Hace unos años, la profesora Ana Zavala subtitulaba “El poder y el no poder del Estado en materia educativa” un artículo para un libro a propósito de la reforma Rama. Es bien interesante (y paradójico) que el organismo público más grande en cantidad de funcionarios e infraestructura, y que además está presente en cada rincón del país, tenga que lidiar con una escasez presupuestal pavorosa. Una invitación para ver esto es recorrer los distintos edificios centrales del ente y sus desconcentrados (CEIP, CES, CEPT, CFE). Intrincados, pequeños, incómodos y dispersos, son una muestra del magro interés que por décadas ha demostrado el Estado por la enseñanza pública. Sin embargo, el poder y el no poder del Estado en esta materia no son consecuencia única de la desatención presupuestal.
Desde el intento de reforma encabezado por la administración Rama, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, los distintos gobiernos se han mostrado erráticos en su accionar en materia educativa. Aquel gobierno de Sanguinetti creyó que integrando a cuadros importantes de docentes y otros intelectuales más o menos vinculados a la educación, provenientes del principal partido de oposición (Frente Amplio), a los que se les otorgarían oportunidades laborales (y salariales, muchas veces) inéditas, podría construir un consenso importante para impulsar la reforma. La resistencia tozuda, en principio sólo de los sindicatos docentes (y en particular, en secundaria), fue minando aquella intención de la administración Rama. Hacia finales de aquel quinquenio, la reforma había logrado extenderse en aspectos que se mantienen aún, pero estaba siendo derrotada en algunas de sus iniciativas más polémicas, como la enseñanza por áreas. El impulso reformista fue tímidamente frenado durante el gobierno de Batlle y “reformulado” en las primeras administraciones del Frente Amplio.
Esta fuerza política no ha realizado una evaluación que logre consenso con respecto a aquella reforma. Quizás porque en aquella estaban vinculados importantes sectores del Frente, quizás por la falta de un proyecto alternativo; las idas y venidas pueden sintetizarse en los elogios de Mujica al proyecto de Rama (a pesar de las críticas de su sector) y el intento de desmarcarse por parte de uno de los que estuvieron involucrados en ella, como el ex subsecretario Filgueira.
La resistencia de los colectivos a la reforma Rama, en lo medular, tiene que ver con los contratos laborales, frente a lo que entienden es su precarización y la consecuente desprofesionalización, con la introducción de modalidades docentes que rompen lo estatuido y con la intención de generar funcionarios polifuncionales que asuman nuevos roles, muchas veces para atender emergencias. Por otra parte, está la desconfianza hacia el contrato educativo que pretenden introducir las autoridades, en el que las finalidades de las instituciones aparecen desdibujadas en lo académico para atender otras urgencias sociales como la seguridad o la liberación de mano de obra para el mercado laboral.
La lucha contra una posible rebaja de la calidad de la enseñanza es, entonces, uno de los motivos de resistencia de los docentes, en tanto profesionales interpelados en las motivaciones por las que eligieron su carrera y en tanto (en un porcentaje importante) padres de alumnos que concurren a la enseñanza pública.
Hasta el momento, las intenciones de las autoridades aparecen difusas. Sin embargo, se va instalando una sensación de estar ante una reforma disimulada, con el potencial para transformarse en una nueva fuente de conflictos.
1. “Yo mando, tú enseñas, él aprende. El poder y el no poder del Estado en materia educativa”, en Educación secundaria, la reforma impuesta. Diez visiones críticas, 2001. Allí la profesora intenta demostrar que no existe un vínculo causal directo entre lo que pretenden las autoridades, las acciones de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes.
* Daniel Martirena egresó del IPA y desde hace 20 años es profesor de Historia.